Banco de España (artículo)
La sede principal del Banco de España es hoy un referente de primer orden en el paisaje del centro de Madrid. La majestuosidad del edificio del Banco de Esparta en la plaza de la Cibeles responde a tres motivaciones de sus gestores y propietarios a finales del siglo XIX. Aunque el Banco era —y lo fue hasta 1962— una sociedad anónima con accionistas particulares, su fundamentación legal era la de una entidad oficial. Su antecedente mas remoto, el Banco Nacional de San Carlos, creado en 1782, ya ostentaba dicho carácter de oficialidad, con una peculiar vinculación con el Estado que lo diferenciaba de los restantes bancos. En segundo lugar, con la concesión del monopolio de emisión de billetes en 1874, el banco había ampliado sus funciones a toda la nación, gracias a una vasta red de sucursales en capitales de provincia y otras ciudades de relevancia económica. En tercer lugar, aunque los billetes del Banco de España dejaron de canjearse por oro en 1883, el instituto emisor cuide en todo momento de preservar su solidez financiera y su crédito inalterado.
La peseta —ya no convertible en oro— mantuvo invariable su tipo de cambio con otras monedas hasta la última década del siglo XIX. En los dos primeros decenios del XX se inició un proceso de paulatina revalorización de la peseta respecto al franco francés, a la libra esterlina y a otras monedas: sin embargo, el tipo de cambio de la divisa española se deterioró en el decenio de 1920, cuando la casi totalidad de las monedas europeas, superadas las más graves secuelas de la Primera Guerra Mundial, decidieron reintegrarse al patrón oro. El gobierno del general Primo de Rivera estudie la posibilidad de introducir la peseta en el mismo patrón monetario, pero la convicción acerca de los elevados costes económicos y sociales que esta decisión habría exigido hizo que, en 1929, fuera desechada definitivamente dicha posibilidad.
Durante los años de la Segunda República sucesivos gobiernos procuraron defender el valor exterior de la peseta y trataron de convencer al Banco de España para que contribuyera a dicho objetivo, utilizando parte de las considerables reservas de oro que la entidad emisora había acumulado desde 1900. Los accionistas del banco se resistieron con denuedo ante esta proposición. Al cabo, tales reservas fueron completamente consumidas durante la Guerra Civil, al ser destinadas por el Gobierno de la República a la adquisición de material de guerra, en su mayor parte en la Unión Soviética.
Durante la larga etapa de política económica autárquica del primer franquismo, de 1939 a 1959, el Banco de España se ocupó prioritariamente de la financiación del déficit presupuestario en que crónicamente incurría el Gobierno. La totalidad de las funciones propias de la política monetaria fueron, en esos años competencias de los Ministerios de Hacienda y Comercio. En cuanto a las relaciones entre el Banco de España y el resto de entidades crediticias —definidas, en 1921, por la Ley de Ordenación Bancaria—, una rígida reglamentación de estas últimas por parte del Gobierno restaba gran parte, si no toda, de la capacidad decisoria del instituto emisor en tanto que banco central o banco de bancos.
El Plan de Estabilización de 1959 —cuya preparación corrió, en buena medida, a cargo del economista Juan Sardá, entonces director del Servicio de Estudios del banco— supuso el regreso de la economía española a un sistema menos autoritario y más acorde con las reglas del mercado, tanto en el interior del país como en las relaciones con el exterior. La Ley de Ordenación del Crédito y la Banca de 1962 devolvió al Banco de España una mayor—aunque no completa—autonomía instrumental en la determinación dela política monetaria y confió al instituto emisor la misión de supervisar la solvencia del sistema crediticio. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980 se inició un proceso de progresiva flexibilización del sistema bancario y de gradual concesión de competencias al Banco de España en lo relativo a la política monetaria. La aguda crisis bancaria de finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente significó una decisiva prueba para el Banco de España en su función de supervisor de las entidades crediticias y mantenedor de la estabilidad y solvencia del conjunto del sistema.
El ingreso de España en la Comunidad Europea en 1985 y la posterior adhesión al Tratado de la Unión en 1993 abrieron un camino que desembocó en la inclusión de España en la Unión Monetaria Europea, a finales del siglo XX. Ello ha implicado la sustitución de la moneda nacional, la peseta —establecida como pieza monetaria básica en octubre de 1868— por el euro.
Cuando el Banco de España quedó instalado en su actual emplazamiento contaba con cuatrocientos empleados, aproximadamente (hoy llegan a dos mil en sus dos sedes madrileñas), y mantenía abiertas cincuenta y ocho sucursales en las capitales de provincias y otras ciudades de importancia mercantil. Además, desarrollaba actividades financieras en relación con diferentes bancos y banqueros españoles y extranjeros. En aquella época —y hasta la nacionalización del Banco de España en 1962—la entidad emisora dedicaba de modo preferente sus recursos a otorgar crédito, por diversas vías, al Estado, además de difundir el papel moneda en todo el territorio nacional. Pero también prestaba atención al sector privado de la economía española, descontando efectos mercantiles a corto plazo y otorgando préstamos con garantías de valores. Además, recibía depósitos de particulares en efectivo, tanto en cuentas corrientes como a plazos, y también conservaba títulos, joyas y otros activos dejados en custodia por sus clientes.
A partir de 1962, y hasta el citado ingreso de España en la Unión Monetaria Europea en 1999, el banco emisor, una vez que cesó en sus negocios con los particulares, se fue especializando, de modo progresivo, en tres funciones: la instrumentación de la política monetaria, el análisis de las variables fundamentales de la economía española, principalmente las de naturaleza financiera, y la inspección y control de las entidades de crédito, a fin de preservar la estabilidad y la solidez del sistema bancario. La pertenencia ala Unión Monetaria Europea implica la definición de la política monetaria única por el Banco Central Europeo, a la vez que el Banco de España, como el resto de los bancos centrales nacionales, colabora estrechamente con aquél y mantiene sus otras funciones de estudio y prospección de la economía española y de supervisión de las instituciones privadas de crédito.
Referencia[ ]
- TEDDE DE LORCA, Pedro. Banco de España, en Enciclopedia Madrid S.XX
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