Coplaco
Siglas de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, organismo autónomo, de carácter urbanístico, de la Administración del Estado. Fue creado por ley en 1963 para «promover, acordar, orientar, coordinar y fiscalizar la ordenación urbanística», dentro de un ámbito que comprendía veintitrés términos municipales situados alrededor de Madrid, incluido el de esta ciudad.
Madrid había pasado de tener 1.326.000 habitantes en 1940 a 2.259.000 en 1960, y e1 60% de sus viviendas había sido construido después de la Guerra Civil. Pero durante ese período se había iniciado también un fuerte crecimiento demográfico y edificatorio en los municipios circundantes, comenzando a percibirse el proceso de intercambio de lugar de vivienda y de trabajo entre ellos y la capital, que era uno de los rasgos que se habían tornado como característicos para la definición de las «áreas metropolitanas». Éstas habían sido identificadas poco tiempo antes en Estados Unidos como entidades urbanísticas complejas, diferentes de la ciudad tradicional, y reclamaban nuevas instituciones de gobierno, de carácter supramunicipal.
La creación de Coplaco obedeció a la convicción, que se impuso en las esferas oficiales, de la necesidad de organizar en forma coherente ese proceso de desarrollo urbano multipolar, y de ordenar estratégicamente todas las intervenciones que se realizasen en ese territorio supramunicipal. Para lo cual era necesario coordinar efectivamente las acciones de los ayuntamientos (responsables de la concesión de licencias de edificación para satisfacer la actividad inmobiliaria privada) y las de los ministerios y demás organismos sectoriales del Estado (responsables de las inversiones que dotan de infraestructuras, servicios y equipamientos). Por ello, en la Comisión estaban representados esos organismos y esos ayuntamientos, bajo la presidencia de un delegado del gobierno. Esta estructura organizativa, con mayor peso del Estado que de la Administración local, correspondía al modelo más centralista de los que se daban en otras situaciones europeas urbanísticamente semejantes, frente a otros que presentaban una mayor descentralización sobre la esfera local.
La ley fundacional señalaba que el principal camino para cumplir la tarea de la Comisión, era que ésta velase por el desarrollo del Plan General de Ordenación del Área Metropolitana, que había sido aprobado al mismo tiempo que la creación de la Comisión, para lo cual los ayuntamientos y los organismos del Estado debían someter sus acciones a la supervisión de Coplaco.
Para comprender el escaso éxito, que puede constatarse en el balance de la actuación de este organismo, a lo largo de sus veinte años de funcionamiento, hay que considerar dos factores tan importantes que bastan por sí solos para explicar el fracaso.
En primer lugar había un error de constitución, que hacia evidente una insuperable debilidad institucional, dada la falta de competencia directamente ejecutiva e inversora de la propia Comisión, inerme ante la insolidaridad e independencia, tanto de los ayuntamientos como de los organismos estatales. De hecho, los ayuntamientos concedieron masivamente licencias de edificación en contra de las previsiones del Plan, y los organismos inversores actuaron frecuentemente por su cuenta.
Y, en segundo lugar, la rápida e indiscutible obsolescencia del Plan dejó sin su referencia fundamental a Coplaco, creada para su desarrollo. Circunstancia que debe verse inscrita en el proceso general de discrepancia creciente entre los objetivos de control restrictivo que había asumido la política urbanística hasta los años sesenta, y el camino real, liberal y expansivo, que adoptó la urbanización, a consecuencia de la orientación del desarrollo económico, convertido en objetivo político prioritario del régimen de Franco.
A pesar de ello, puede valorarse positivamente, más que la labor de gestión y control que apenas realizó la Comisión, el aumento de un conocimiento válido de la problemática real del área, a través del acopio de importante información básica y de los renovados esfuerzos realizados durante los años setenta para reelaborar una nueva planificación: avance de un esquema director, planes sectoriales, estudios de estructura metropolitana... Y ya en la transición política, entre 1978 y 1980, se desarrolló una novedosa experiencia de urbanismo participativo, cuya finalidad era determinar con amplia colaboración ciudadana un conjunto de operacionesde mejora inmediata, para elaborar a partir de ellas, invirtiendo el método tradicional, la preparación del nuevo Plan.
El clima político y la exaltación municipalista, consecutivos a las elecciones locales de 1979, fueron haciendo políticamente insostenible la tutela oficial del organismo estatal sobre los ayuntamientos, y un decreto de 1980 restituyó a estos todas las competencias, incluidas las de redactor sus propios planes, rompiéndose así la idea del plan metropolitano unitario y común. Desde entonces está pendiente de desarrollo una formula eficaz de compatibilización de los diferentes intereses municipales, que ha sido intentada a través de Directrices Metropolitanas de Planeamiento y de un nonato Plan Regional.
En 1983, dentro del proceso de construcción del Estado de las Autonomías, se produjo la transferencia de las funciones de la Coplaco a la Comunidad Autónoma de Madrid, con desaparición del organismo creado veinte años antes.
Referencia[ ]
- TERÁN TROYANO, Fernando de. Coplaco, en Enciclopedia Madrid S.XX
Este artículo reproduce el capítulo homónimo de la Enciclopedia Madrid Siglo XX, cuyo autor conserva el copyright.
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