Golpe de estado del 23-F
El último tramo de la Transición española se cerró el 23 de febrero de 1981 con el fracaso del golpe de estado que protagonizaron los sectores más conservadores del Ejército. En un entorno marcado por la profunda transformación de la sociedad española, las estructuras militares veían procesos tan diversos y complejos como el terrorismo de ETA, la legalización del Partido Comunista de España o la articulación del Estado de la Autonomías como una clara traición al sentido de orden y unidad patriótica que el franquismo les encargó. Signos de esta oposición se dieron en la votación en cortes de la ley para la reforma política en 1976, en la que quince procuradores militares votaron en contra, o cola destitución de los generales Iniesta y De Santiago en el momento en que empezaron las conversaciones para legalizar al PCE y Comisiones Obreras.
Este turbulento proceso fue acompañado de varias tramas militares y civiles que intentaron articular distintos levantamientos armados. A partir de 1977 se sucedieron múltiples propuestas de golpeada estado cuyo epicentro organizativo se encontraba en Madrid. Por un lado, en 1978 se desarticuló la denominada «Operación Galaxia», una trama golpista formada por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán Sáez de Ynestrillas. Por otro lado, los generales Iniesta, De Santiago, José Ignacio San Martín y los políticos franquistas Federico de Silva y Gonzalo Fernández de la Mora constituyeron el «Colectivo Almendros», cuya finalidad era preparar junto a otras fuerzas políticas un gobierno de concentración nacional. Dos procesos que ejemplificaban el malestar de unas Fuerzas Armadas incómodas con la democracia. Un malestar que encamaba a la perfección el general Alfonso Armada, eje vertebrador de un nuevo golpe de estado, esta vez para febrero de 1981.
Mientras tanto, la vida política, económica y social española planteaba una situación muy comprometida. El año 1980 destacó por el aumento de acciones terroristas de ETA y por la crisis de la Unión de Centro Democrático. El partido que Adolfo Suárez había creado agrupando a una amplia gama de «familias políticas» de centro y derecha empezó a sufrir serias tensiones que, unidas a la crisis económica y la evidente pérdida de apoyo electoral en distintas áreas autonómicas, hicieron que Suárez dimitiese en enero de 1981. La inestabilidad política fue interpretada por los sectores golpistas como el momento adecuado para realizar el cambio de rumbo que propugnaban.
Así, el 23 de febrero de 1981, cuando se estaba desarrollando la segunda sesión de votaciones para elegir a Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió con un grupo de guardias civiles en el Congreso de los Diputados, quedando secuestrados allí todo el Gobierno, los diputados en cortes y algunos senadores. Desde ese momento, el mapa golpista se dibujó en dos frentes fundamentales. Uno, el que abrió Milans del Bosch, teniente general de la I Región Militar, al tomar la ciudad de Valencia con tanques. Y un segundo frente en Madrid, lugar central del desarrollo del golpe. En la capital, la toma del Congreso de los Diputados se acompañó de la ocupación de Radio Nacional y Televisión Española, a la espera de que la poderosa División Acorazada Brunete tomase la decisión de unirse al golpe. Esta división, bajo el mando del general José Juste decidió no unirse al alzamiento, pese a la implicación en el mismo del antiguo jefe de la División Acorazada, el general Torres Rojas, lo que significó el fracaso de una pieza esencial del golpe en Madrid y en todo el Estado.
En ese momento, la reacción desde las estructuras políticas y militares ya se había producido. El rey y la Junta de Jefes de Estado Mayor emitieron las órdenes necesarias para restablecer el orden constitucional y abortaron el golpe. El principal militar implicado, el segundo jefe del Estado Mayor, Alfonso Armada, no tuvo la opción de hacerse cargo de la sublevación desde Madrid, y aceptó su fracaso. Milans del Bosch deponía su actitud a las cinco de la mañana y, en Madrid, el Congreso de los Diputados, rodeado desde la glorieta de Hércules hasta la plaza del Congreso, era desalojado al mediodía del 24 de febrero.
Los sucesos del Congreso fueron seguidos por los medios de comunicación desde el Hotel Palace, primer lugar de reunión de altos representantes militares y políticos, así como de la ciudadanía. Tanto la radio como la televisión, presentes en el Congreso durante el asalto fueron el principal vehículo de información de lo sucedido. Iñaki Gabilondo y José María García, entre otros, siguieron en directo lo que ocurría en los alrededores del Congreso y en las calles de Madrid que, desiertas por la incertidumbre, sólo se llenaron días después con masivas manifestaciones que recorrieron las calles de todas las ciudades, siendo la celebrada en Madrid el 27 de febrero la más numerosa.
El último episodio de estos sucesos se viviría en las dependencias de los tribunales militares de Madrid, donde treinta y tres acusados—sólo uno de ellos civil— fueron condenados a penas que no se consideraron ejemplares y que abrían nuevos interrogantes sobre el verdadero alcance del golpe de estado y acerca de las fuerzas reales que tuvieron los golpistas.
Referencia[ ]
- CARMONA PASCUAL, Pablo César, GÓMEZ BRAZO, Gutmaro. Golpe de estado del 23-F, en Enciclopedia Madrid S.XX
Este artículo reproduce el capítulo homónimo de la Enciclopedia Madrid Siglo XX, cuyo autor conserva el copyright.
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