Propiedad pública

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La capitalidad de Madrid propicia que la presencia de la esfera pública en el territorio a lo largo del siglo XX sea muy amplia y versátil, pues se mezclan en ella las diferentes instancias del poder que en la ciudad han encontrado acomodo. Se distinguen cuatro tipos, en torno a instituciones como la Corona, la Administración del Estado, el Ayuntamiento o la comunidad autónoma.

Las propiedades de la Corona han resultado decisivas para la ciudad y para su crecimiento. En el primer tercio de siglo, al transferirse la finca de la Moncloa se propició la creación de un magnifico campus universitario; a su vez, la proclamación de la Segunda República generó la inmediata transferencia de la posesión de la Casa de Campo al municipio de Madrid. Para una mayor legibilidad histórica del fenómeno, la proclamación de una nueva Constitución monárquica en 1978 trajo consigo la apertura parcial al público del Monte de El Pardo. La mayor parte de la finca forestal sigue siendo hoy objeto de un notable debate político con las alternativas, o de mantenerla cerrada para su extrema conservación biológica o de permitir el acceso de los ciudadanos.

En su conjunto, la red de espacios verdes de origen real en la ciudad admite parangón con cualquier capital europea. Pero es bien llamativo que los deportes de élite hayan hallado suelo para sus actividades en este patrimonio fundiario, como es el caso del Club Puerta de Hierro. También se ha llegado a segregar parte de la finca de El Pardo para residencias unifamiliares de lujo, como son las de Puerta de Hierro o La Florida.

Otra faceta de la propiedad pública es la vinculada a la capitalidad administrativa. Un repaso de cómo los diferentes ministerios de la Administración del Estado han conseguido suelo para ubicarse pone de manifiesto ciertos hechos. Al filo del primer tercio de siglo, sólo se consiguió ubicar en el antiguo hipódromo los denominados Nuevos Ministerios, pero no sin que la corona consintiera en albergar el uso desplazado en el Monte de El Pardo, creando el nuevo hipódromo de la Zarzuela.

No se ha producido otra operación similar desde entonces, y los distintos centros públicos han tenido que acomodarse a los emplazamientos discontinuos que se han podido conseguir, bien por expropiación, como junto a la Castellana, o en las condiciones usuales del mercado libre. El panorama dala oficina pública estatal en la ciudad no es, como resultado, demasiado halagüeño, echándose en falta una visión de conjunto y manifestando las dependencias públicas un exceso de movilidad, fruto sin duda del particularismo extremo de muchos ministerios.

Además de buscar acomodo para su propia gestión, la Administración estatal ha intervenido de un modo muy poderoso en la ciudad, para solucionar determinados aspectos que podían resultar problemáticos. La cuestión de la vivienda, sin duda, es la principal. Durante el franquismo fue cuando se realizó la mayor iniciativa, canalizada a través de la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores y plasmada en las múltiples construcciones sociales, con más de 100.000 viviendas realizadas por las agencias inmobiliarias del régimen. Tal cantidad de vivienda, concentrada en los rumbos más populares de las afueras de la ciudad, como el oriental y el meridional, y constituida por diferentes modalidades, desde las Unidades Vecinales de Absorción hasta los Poblados Dirigidos, ha caracterizado socialmente a muchas barriadas de la ciudad y ayudó, aun con graves deficiencias de calidad, a solucionar el problema del crecimiento demográfico de la etapa de desarrollismo. La propiedad pública de las viviendas se transferiría, en sucesivas oleadas, a sus ocupantes.

En el ámbito de la residencia, ha habido otra actuación fundamental del Estado en la ciudad, cual es la transformación de las barriadas emprendida en 1979. Como resultado, 40.000 nuevas viviendas se han levantado en los ámbitos donde antaño figuraba el suburbio reciente, las célebres «casitas bajas», o las peores promociones de la vivienda social franquista. La inversión estatal ha propiciado un cambio urbano de primer orden, transformando literalmente la faz de buena parte del suburbio madrileño.

Finalmente, otra intervención física del Estado en la ciudad ha consistido en la creación de la red arterial urbana. Tanto los accesos de las carreteras de nuevo cuño, iniciados en los años sesenta, como las circunvalaciones de la M-30 y la M-40, realizadas al ritmo determinado por las arcas públicas del país, han resultado decisivos para la configuración de muchas barriadas y han trastocado la localización de ciertas actividades, pues su red ha cambiado en buena medida los parámetros de accesibilidad interna dala ciudad. Esta faceta de la propiedad y de la gestión públicas, aparentemente banal, bien puede concebirse como un factor de primerísimo orden en la configuración foral de la ciudad madrileña.

Las restantes instancias públicas han tenido, como tributo a la capitalidad, un menor protagonismo en la conformación final de Madrid. El Ayuntamiento se ha visto relegado tradicionalmente a desempeñar un papel subsidiario y ha dispuesto de un patrimonio escaso para administrarlo. Sólo con la aplicación efectiva de la Ley del Suelo, realizada por los consistorios democráticos, ha podido obtener una cierta independencia territorial. Y sus mayores logros los ha tenido el municipio en el tramo final de la centuria, consiguiendo una notable creación de espacios públicos, entre los que destacan los parques de nueva creación, como el Juan Carlos I y el Tierno Galván.

La comunidad autónoma apenas ha tenido tiempo de dejar su huella en la ciudad, por su tardía creación. Ha tenido que competir con la oficina pública estatal, muy poderosa, y sólo en los últimos años ha conseguido asentarse. En el plano espacial, destaca la creación de la barriada de Valdebemardo, en la cual ha mostrado la potencia del método expropiatorio y lo beneficioso de una actuación territorial concertada desde los poderes públicos.

Referencia[ ]

  • HERNÁNDEZ MAS, Rafael. Propiedad pública, en Enciclopedia Madrid S.XX


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